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Medir para cuidar (y pagar) el Agua. Nuevas Reglas de CONAGUA (2020)

¡Por fin! Utiliza, mide, paga.

Por primera vez tenemos un set normativo medianamente completo para hacer visible el volumen de aprovechamiento de las aguas nacionales por diversas personas, empresas, comunidades y grupos que -con o sin concesiones y papeles- usan, explotan y aprovechan los flujos de agua en todo el país.

El pago de derechos por el aprovechamiento de aguas nacionales puede servir para mejorar el presupuesto de la CONAGUA, para que tenga mayores herramientas de monitoreo, supervisión y control de las fuentes hídricas del país.

Pero para ello se requieren reglas generales, estándares técnicos y sistematización de información.

El día de hoy se publicaron nuevas reglas de CONAGUA, que sumadas a otros referentes normativos, dejan ver más claro el tablero de juego para usar, medir y pagar el agua.

En este texto, comparto un breve repaso del marco normativo que contextualiza esta importante publicación.

¿De quién es el Agua Nacional?

Igual que la tierra, es propiedad originaria de la Nación.

La constitución mexicana tiene una esencia nacionalista: toda la tierra y el agua de México es de la originaria propiedad de la Nación. Ella -la Nación- puede transmitir el dominio de tierra y aguas a los particulares, para constituir la propiedad privada.

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

La Ley de Aguas Nacionales y la propia Constitución, enuncian las AGUAS que deben entenderse de la propiedad originaria

Sobre las aguas nacionales, el dominio de la Nación no es modificable (se dice, en el lenguaje legal: inalienable e imprescriptible). Por ello, la explotación, el uso o el aprovechamiento de las Aguas Nacionales, sólo puede llevarse a cabo por los
particulares, mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal.

Entonces, el agua en México, se puede clasificar en dos grandes apartados:

1. Aguas que son propiedad de la Nación:

  • Las aguas de los mares territoriales;
  • las aguas marinas interiores;
  • las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar;
  • las de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes;
  • las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional;
  • las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República;
  • la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la República y un país vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la República con un país vecino;
  • las de los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas;
  • y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores.

2. Aguas que pueden ser “apropiables”

  • Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y  apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aún establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional.
  • Cualesquiera otras aguas (no incluidas en la enumeración de las aguas nacionales)  se considerarán como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten las entidades federativas.

En esta colaboración, dedicaremos nuestra atención a las AGUAS NACIONALES, que son las del primer bloque y sólo pueden ser aprovechadas y explotadas por particulares a la luz de una concesión otorgada por el gobierno federal.


Concesiones y pago de derechos.

Las Aguas Nacionales son bienes de dominio público. Cuando esos bienes se concesionan para ser aprovechados, explotados o utilizados por particulares, se genera la obligación de pagar derechos al estado por parte del concesionario.

¿Cómo se calculan los derechos que se paga por explotar aguas nacionales?

La Ley Federal de Derechos  establece que los particulares deben contar con
aparatos de medición de las aguas que usen, exploten o aprovechen, para calcular el monto del pago que les corresponde a cada uno, por el consumo medido.

Los medidores, dice la ley, pueden ser de dos tipos (en términos generales):

  1. Instalados directamente por CONAGUA, o bien
  2. Mientras CONAGUA instala el medidor, el contribuyente debe adquirir e instalar directamente un aparato de medición que cumpla con las reglas de carácter general que emita la CONAGUA.

CONAGUA padece limitantes presupuestales y operativas para instalar, operar y mantener un sistema público y eficiente de medición a nivel nacional, con cobertura plena.

Las regulación de la medición vía equipos adquiridos por los concesionarios es crítica para administrar, cuidar y aprovechar de manera justa y transparente, un recurso cada vez más valioso para México.

Las reglas generales de CONAGUA son indispensables para darle plena efectividad a las normas de la constitución, de la ley de aguas nacionales y de la ley federal de derechos. Pero también son importantes para velar por el derecho humano al agua, mediante la adecuada vigilancia de usos y aprovechamientos distintos al consumo directo de la población.


Norma Mexicana NMX-AA-179-SCFI-2018

La NMX-AA-179-SCFI-2018, MEDICIÓN DE VOLÚMENES DE AGUAS NACIONALES USADOS, EXPLOTADOS O APROVECHADOS, fue publicada por la Secretaría de Economía el 21 de septiembre de 2018, en el Diario Oficial de la Federación, y entró en vigor hasta un año después, es decir, el 21 de septiembre de 2019.

Esta Norma Mexicana aplica a los usuarios de aguas nacionales que de hecho o al amparo de un título de concesión o asignación emitido por la Comisión Nacional de Agua tienen la obligación legal de medir los volúmenes que de aguas nacionales usen, exploten o aprovechen.

Esa NMX establece las características y especificaciones para la selección, instalación y operación de los medidores y sistemas de medición para el uso, explotación o aprovechamiento de aguas nacionales; la metodología para medir los citados volúmenes; y el procedimiento para la transmisión de los datos de medición a la Comisión Nacional de Agua.

A diferencia de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), las Normas Mexicanas (NMX) no son obligatorias por sí mismas; son de cumplimiento voluntario para quienes producen bienes o prestan servicios.

Sin embargo, las NMX se vuelven obligatorias cuando un cuerpo normativo las hace exigibles para determinados fines.  Esta NMX se ha vuelto obligatoria porque está reconocida y señalada como referente en las reglas publicadas por CONAGUA.


Las nuevas reglas de carácter general de CONAGUA

Contenido

La Comisión Nacional del Agua es la autoridad administrativa encargada de vigilar el uso y aprovechamiento de ese importante recurso natural.

A la Comisión Nacional del Agua le corresponde construir, operar, conservar y mantener las obras hidráulicas federales, directamente o a través de contratos o concesiones con terceros, y realizar acciones para el aprovechamiento integral del agua, su regulación y control y la preservación de su cantidad y calidad.

El día de hoy, 9 de abril de 2020, CONAGUA publicó las REGLAS Generales sobre medición de aguas nacionales a que se refiere la Ley Federal de Derechos.

En ellas se dispone que, mientras la Comisión Nacional del Agua no instale un aparato de medición, toda persona que use, explote o aproveche aguas nacionales, ya sea de hecho o al amparo de una concesión, debe adquirir e instalar directamente un aparato de medición que cumpla con la Norma Mexicana NMX-AA-179-SCFI-2018 Medición de volúmenes de aguas nacionales usados, explotados o aprovechados.

Todos los contribuyentes del derecho por el uso, explotación y aprovechamiento de aguas nacionales deberán dar cumplimiento a estas reglas generales a partir del primero de octubre del 2020.


Prórroga

Las Reglas publicadas contienen una posible prórroga para quienes enfrenten una complejidad particular, a juicio de la CONAGUA. Las Reglas señalan que:

  • La obligación de instalar los equipos y medir los volúmenes de conformidad con las nuevas reglas se podrá diferir, por única ocasión, en atención a las características y complejidad de sus procesos de los contribuyentes.
  • El proceso para obtener la autorización de ese diferimiento prevista en la regla anterior, es el siguiente:

1. Solicitud

Los interesados deben presentar, desde ahora y a más tardar dentro de los treinta días naturales previos al primero de octubre de 2020:

a)    Una solicitud por escrito en la que señalen las razones y motivos por los cuales se pide la autorización de una fecha posterior de cumplimiento; y

b)    Dictamen técnico emitido por un Prestador de Servicios Integrados que justifique que debido a las características y complejidad de los procesos del solicitante los medidores o sistemas de medición no pueden ser instalados y puestos en operación en la fecha prevista. El dictamen debe contener el proyecto ejecutivo y el cronograma propuesto para para la instalación de los medidores.

2. Revisión

En un plazo de hasta 20 días hábiles, la autoridad revisa la documentación. Si ella está incompleta, se requerirá al solicitante para que en un plazo no mayor a 10 días hábiles, solvente la falla. De no hacerlo se desechará su solicitud.

3. Resolución.

En un plazo que no excederá de 40 días hábiles, a partir de que se integró el expediente, la autoridad emitirá y notificará la resolución.

El siguiente cuadro muestra en resumen, el procedimiento descrito:

ADN diferir reglas medicion conagua

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