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Tras la reforma energética: ¿existen distancias mínimas entre gasolineras?

distancias minimas

Introducción.

La reforma energética ha federalizado todo tipo de regulación aplicable a cualquiera de los eslabones de la cadena de valor de los hidrocarburos, desde la exploración y extracción hasta el expendio al público de los petrolíferos.

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente [ASEA] es el órgano constitucionalmente facultado para expedir la normatividad en materia de seguridad de las personas, del medio ambiente y de las instalaciones. Tal competencia es exclusiva y excluyente de cualquiera otra instancia federal, estatal o municipal.

Cualquier regulación o acto gubernativo local o municipal que pretenda hallar sustento en la protección de las personas o del medio ambiente en este nuevo sector hidrocarburos será indudablemente inconstitucional.

 

El marco normativo.

La ASEA es la única autoridad que puede ponderar, valorar y regular las condiciones de seguridad ambiental que podrán ser exigibles para operar una instalación, incluyendo a las estaciones que expenden gasolinas y diésel; gas LP, o gas natural para uso vehicular. En este trabajo nos referiremos en particular a la venta de combustibles en las estaciones conocidas como “gasolineras”.

Por su parte, la Comisión Reguladora de Energía [CRE] es la única autoridad que puede expedir los permisos para realizar actividades del Sector Hidrocarburos, entre las que se encuentra la instalación y operación de esos establecimientos.

Así, la CRE es la autoridad facultada para determinar “quién” puede operar una gasolinera, mientras que la ASEA es la única facultada para regular “cómo” deben construirse, operarse y mantenerse.

La CRE otorga sus permisos a la luz de la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia de Energía, así como del Reglamento del Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos. La ASEA por su parte, ha emitido la “Norma Oficial Mexicana NOM-005-ASEA-2016 Diseño, construcción, operación y mantenimiento de Estaciones de Servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas”, en la que se establecen todas las condiciones para custodiar la integridad de las personas, del ambiente y de las instalaciones.  Fuera de esos referentes, ninguna otra autoridad tiene atribuciones para permitir o impedir las actividades del sector hidrocarburos (pues eso le compete a la CRE) ni puede condicionar o impedir su operación aduciendo razones de seguridad de las personas, del ambiente o de las instalaciones (pues eso le corresponde en exclusiva a la ASEA).

Suponer que alguna autoridad estatal o municipal pudiera exigir requisitos para otorgar un título diferente al permiso previsto en la ley de hidrocarburos, como condición necesaria para instalar u operar una gasolinera, significaría en realidad que esa autorización prevalecería en la práctica por sobre la que expide la CRE, lo cual nulificaría la potestad última de esa Comisión como órgano especializado y exclusivo para la resolución y otorgamiento de los permisos energéticos.

Lo mismo sucede en materia de protección a las personas y al ambiente. Si una autoridad estatal o municipal establece requisitos o licencias paralelas a las de la ASEA, estará afectando la exclusividad de la regulación federal constitucionalmente encomendada a esa Agencia.

 

El Bajío: Un caso de estudio.

El viernes 23 de junio de 2017 se publicó en el Semanario Judicial de la Federación la siguiente tesis aislada de jurisprudencia, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito Judicial Federal:

 

LICENCIA PARA OPERAR UNA GASOLINERA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PARA QUE NO SURTA EFECTOS, POR LOS POSIBLES RIESGOS A LA VIDA Y A LA SALUD DE LAS PERSONAS, DERIVADOS DEL ALEGADO INCUMPLIMIENTO A LA DISTANCIA MÍNIMA QUE DEBE EXISTIR ENTRE ESTACIONES DE SERVICIO.

De conformidad con los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128, fracción II y 138, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 138/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LOS EFECTOS DE UNA AUTORIZACIÓN, PERMISO O LICENCIA.”, procede conceder la suspensión provisional en el amparo para que no surta efectos la licencia para operar una gasolinera cuando se alegue que ésta se encuentra fuera de la distancia mínima de resguardo con otra estación de servicio, en contravención al artículo 9 del Reglamento de Zonificación Específica para Estaciones de Servicio o Gasolineras del Municipio de Guadalajara, Jalisco. Ello se estima así, pues al advertirse posibles riesgos a la vida y a la salud de las personas por la concentración cercana de depósitos de gasolina, opera el principio precautorio, que determina tomar acciones en protección a los bienes jurídicos de preeminente interés social, como lo es evitar que no se pongan en riesgo bienes jurídicos relevantes como la vida y la salud de las personas.

Décima Época, registro: 2014621. Tribunales Colegiados de Circuito.  Tesis Aislada. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, junio de 2017, Tomo IV. Materia Común. Tesis III.2o.A.71 A (10a.). Página 2935.

 

La reforma energética constitucional de 2013 dio lugar a la Ley de Hidrocarburos y a otras reformas, abrogaciones y nuevas leyes publicadas en el Diario Oficial desde agosto de 2014. Parece entonces, que tras varios años de haber sido promulgada y en pleno vigor de las disposiciones post-reforma, los Tribunales Federales del Tercer Circuito han convalidado los distanciamientos entre gasolineras decretados a través de reglamentos municipales.

Me parece que esas conclusiones jurisdiccionales son solo producto de la inercia judicial que llevó a los Magistrados de Jalisco a tomar como referencia la Tesis de jurisprudencia 91/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 9 de junio de 2010, que en ese entonces señalaba lo siguiente:

 

LIBERTAD DE COMERCIO. LOS ARTÍCULOS 53 DEL REGLAMENTO DE COMERCIO Y DE SERVICIOS Y 9o. DEL REGLAMENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GASOLINERAS Y ESTACIONES DE SERVICIO, AMBOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, NO VIOLAN AQUELLA GARANTÍA.

La restricción para la instalación de estaciones de servicio o gasolineras prevista en los artículos 53 del Reglamento de Comercio y de Servicios para el Municipio de Zapopan y 9o. del Reglamento para el Establecimiento de Gasolineras y Estaciones de Servicio en el Municipio de Zapopan, ambos del Estado de Jalisco, en el sentido de que deben ubicarse a una distancia mínima de resguardo de 150 metros respecto de cualquier centro de concentración masiva, no puede entenderse como absoluta o genérica, dirigida al comercio en general, sino como una limitación tendente a salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y su entorno, ante cualquier siniestro que pudiera acontecer con motivo de la actividad realizada por los establecimientos de venta, almacenamiento y autoconsumo de gasolina y diésel, pues su operación conlleva un grado de peligro, en virtud del cual se requiere la imposición de providencias encaminadas a prevenir la afectación de los derechos de la sociedad. Por tanto, los indicados preceptos no violan la garantía de libertad de comercio prevista en el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no vedar el ejercicio de la libertad comercial, sino sólo sujetarla a determinados requisitos, encaminados a salvaguardar los intereses de la comunidad.

Contradicción de tesis 11/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo Auxiliar con residencia en Guadalajara, Jalisco y Cuarto en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 26 de mayo de 2010. Novena Época. Registro: 164305.
Segunda Sala. Jurisprudencia. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Julio de 2010. Tesis: 2a./J. 91/2010. Página: 291

 

Claramente, este criterio de la Suprema Corte es previo a la reforma energética; en el momento en que se adoptó tal jurisprudencia las gasolineras eran reguladas fundamentalmente por disposiciones de las entidades federativas. En materia ambiental, cada estado de la república tenía potestades para regular la construcción y operación de las gasolineras pues se encontraban dentro del régimen de concurrencia de las leyes ambientales generales. Por su parte, en materia de seguridad industrial y operativa no existían referentes oficiales claros, sino una regulación indirecta a través de PEMEX y sus contratos de concesión para la distribución de combustibles, denominados con algo de eufemismo “franquicias”.

Aquellos referentes pre-reforma han seguido presentes en la solución de casos posteriores a los cambios constitucionales y legales, sobre todo en Jalisco y en particular en lo relacionado al municipio de Zapopan. Esto se debe seguramente a la inercia de regulaciones y litigios que iniciaron antes de nuestros cambios constitucionales.

 

El antes y el después de la reforma.

Nuevos paradigmas.

Antes de la reforma existían dos importantes postulados regulatorios en nuestro sistema jurídico y en el raciocinio judicial nacional:

  1. Que la regulación y las limitaciones a la instalación y operación de las gasolineras, por razones de seguridad y protección ambiental correspondía a los municipios y
  2. Que la autoridad en materia de seguridad y permisionamiento era Pemex.

No había duda de que existían dos grandes vías para la autorización de instalación de gasolineras. La primera era la vía regulatoria del uso de suelo y encargada de velar por la seguridad y el medio ambiente, es decir, el orden municipal. La segunda era la vía regulatoria de los permisos económicos y las reglas de seguridad operativa, que en ese momento estaban en la exclusiva esfera decisional de Pemex Refinación. Lo anterior se refleja en esta tesis de los Tribunales Colegiados de 2006:

 

CONFLICTO DE JERARQUÍA NORMATIVA. NO EXISTE ENTRE LA “TABLA RESUMEN DE DISTANCIAS MÍNIMAS ENTRE ESTACIONES DE SERVICIO, ESTACIONES DE CARBURACIÓN Y PLANTAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. CON CUALQUIER OTRO USO DE SUELO”, EMITIDA POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES Y “EL PROGRAMA SIMPLIFICADO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS ESTACIONES DE SERVICIO”, EXPEDIDO POR LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA.

Entre la tabla y el programa mencionados no existe conflicto de jerarquía normativa, ya que no regulan los mismos aspectos en lo tocante al establecimiento de estaciones de servicio, estaciones de carburación y plantas de almacenamiento de gas L.P., pues la primera es la aplicable tratándose de la regulación del uso del suelo en cuanto a distancias mínimas entre dichas estaciones y plantas, dado que se expidió, según la exposición de motivos correspondiente, considerando una planeación estratégica integral para lograr un crecimiento ordenado del territorio municipal, así como la seguridad que debe brindarse a los habitantes del Municipio aludido frente a algunos usos del suelo que se consideran riesgosos por el giro que desempeñan, como es el caso de las estaciones de servicio, de carburación y plantas de almacenamiento de gas L.P., y se hizo con la participación de diversos organismos, entre ellos el área de comercialización de Pemex Refinación. En cambio, el Programa Simplificado para el Establecimiento de Nuevas Estaciones de Servicio es el resultado de un convenio de coordinación celebrado entre Pemex Refinación y la Comisión Federal de Competencia, emitido por esta última dependencia, cuyo objetivo general consiste en procurar que las operaciones de las estaciones de servicio se lleven a cabo en un ambiente de competencia y libre concurrencia, evitando prácticas monopólicas y favoreciendo el incremento en el número de gasolineras, así como la incorporación de una mayor variedad de servicios complementarios que éstas puedan ofrecer al público consumidor; y fue desarrollado para fortalecer la red de estaciones de servicio a fin de que los particulares de nacionalidad mexicana sigan teniendo la opción de brindar el servicio de venta de petrolíferos bajo un esquema administrativo aún más sencillo y rápido en su definición final, que les permita obtener respuesta de Pemex Refinación en un plazo breve si se cumplen los requisitos exigidos en cuanto a documentación, normas técnicas de seguridad, protección al medio ambiente, servicio e imagen institucional, y además para flexibilizar al máximo la prestación de servicios complementarios o el expendio de productos distintos a los petrolíferos.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO. Amparo directo 271/2006. Luis Arturo Prado Cruz. 1o. de junio de 2006. Unanimidad de votos. Novena Época. Registro: 173941. Tesis Aislada. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, noviembre de 2006. Tesis: XXIII.2o.5 A. Página: 1031

 

Hace veinte años no había duda respecto a las facultades reguladoras de los Municipios para establecer condiciones y restricciones de operación. Justamente en el Bajío, los Municipios llegaron a establecer detalladamente el tipo de equipos de seguridad industrial con los que debían contar las gasolineras. No se trataba solo de los aspectos de uso de suelo, sino incluso de las precauciones operativas de la actividad misma. Los contenidos de la reglamentación municipal, además, fueron considerados de tal relevancia para el interés público, que quedaron a salvo de las suspensiones tradicionales del juicio de amparo:

SUSPENSIÓN. REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN ESPECÍFICA PARA ESTACIONES DE SERVICIO O GASOLINERAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ES IMPROCEDENTE RESPECTO DE LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE SUS ACTOS DE APLICACIÓN.

La emisión del Reglamento de Zonificación Específica para Estaciones de Servicio o Gasolineras del Municipio de Guadalajara, Jalisco, fue originada, esencialmente, por la necesidad de garantizar la seguridad de las personas, y por ende, de proteger su vida, en tanto que, entre otras cosas, regula los aspectos siguientes, en relación con las estaciones de servicio o gasolineras: que los predios cuyo uso del suelo permita su instalación, serán apropiados para cumplir la función de equipamiento; el establecimiento de un área de protección y amortiguamiento de trescientos metros de radio, con la finalidad de que se proteja la seguridad de las personas y sus bienes, y además de permitir a la Unidad Municipal de Protección Civil, ejecutar las acciones de prevención, auxilio y recuperación ante cualquier contingencia, siniestro, desastre o suceso de alto riesgo; la prohibición de instalar gasolineras en predios con frente a vialidades en donde se alberguen usos de suelo habitacional y mixto barrial; que en cualquier tipo de instalación, concretamente en los pozos de observación y monitoreo, se lleve a cabo la instalación de sensores electrónicos, para el monitoreo de vapores de los hidrocarburos, con conexión eléctrica para la lectura remota en la consola; que los ingresos y vialidades vehiculares estén concentrados y claramente diferenciados, respetando en las filas de abastecimiento las banquetas peatonales perimetrales de la estación de servicio; que los aludidos ingresos y salidas vehiculares contengan el señalamiento y las medidas de seguridad suficientes, tanto para vehículos como para peatones; la obligación, por parte de las estaciones de servicio que no presten servicios nocturnos, de proteger, con barreras apropiadas el acceso a las instalaciones, para evitar accidentes; la exigencia de que cuenten con extintores de nueve kilogramos de “P.Q.S.”, distribuyendo uno por cada isla, dos por cada zona de almacenamiento, uno en áreas de máquinas, uno en áreas de almacén de lubricantes, uno por áreas de oficina, en el caso de que las dimensiones de las mismas no rebasen una superficie de cuatrocientos metros cuadrados construidos, en cuyo caso se deberá de adicionar un extintor por cada doscientos metros cuadrados o fracción adicional, y uno móvil de las mismas características con una capacidad mínima de veinte kilogramos de “P.Q.S.”; que los servicios sanitarios cumplan con lo estipulado en la legislación estatal y municipal referente a servicios para personas con problemas de discapacidad. En esas condiciones, como es evidente que de los aspectos más notorios antes destacados se advierte que la emisión del reglamento de que se trata fue originada por la necesidad de garantizar la seguridad de la población que circunda las estaciones de servicio o gasolineras del “territorio municipal”, a que se hace alusión en el artículo 2o. de tal reglamento, resulta inconcuso que tales disposiciones son de subrayado interés social, pues a través de ellas se protege el valor más elevado de la sociedad, como lo es la vida de sus integrantes; de tal suerte que la comunidad tiene un marcado interés de que se regule y reglamente la construcción, remodelación y funcionamiento de las estaciones de servicio o gasolineras. Entonces, resulta claro que es improcedente conceder la suspensión respecto de los efectos o consecuencias de los actos de aplicación del citado reglamento, pues en la especie, a juicio de este órgano jurisdiccional, conforme con todo lo considerado con anterioridad al respecto, no se satisface la condición a que se contrae la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, en tanto que el mismo establece que la suspensión se decretará cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. Incidente de suspensión (revisión) 142/99. Servicio Niños Héroes, S.A. 24 de junio de 1999. Unanimidad de votos. Novena Época. Registro: 193349. Tesis Aislada. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, septiembre de 1999. Tesis: III.2o.A.58 A. Página: 846

 

Hoy, el cambio consiste justamente en la federalización de los dos elementos que ubicaba el criterio judicial de hace dos décadas: la seguridad de la comunidad y del medio ambiente corresponde ahora en exclusiva a ASEA, mientras que el permisionamiento económico, previo el cumplimiento de ciertos requisitos legales, le corresponde a la CRE. Los Municipios y Pemex han dejado de tener esas funciones en el orden jurídico e institucional mexicano, y quizás debemos hacer mucho más por informar a los juzgadores de estos cambios.

 

La Persistencia de la inercia.

La nueva regulación impulsada por la ASEA es acorde con las mejores prácticas nacionales e internacionales. Uno de sus elementos diferenciadores respecto del modelo anterior, es que pretende establecer principios de administración del riesgo que sean dinámicos, en lugar de recurrir a los modelos precautorios y prescriptivos del siglo pasado, incluyendo el abandono de las distancias mínimas para sustituirlo por estudios de riesgo y adopción de medidas de control adecuadas al contexto específico de cada una de las gasolineras.

Sin embargo, en Zapopan la legislación previa a la reforma ha adoptado cierta ultraactividad judicial en el tema del distanciamiento entre gasolineras. No sólo se ha considerado que el reglamento municipal que las establece es válido y vigente, sino que incluso sus modificaciones pueden ser revisadas en juicio de amparo, llamando a todos los posibles interesados, como si en sus contenidos existieran salvaguardas valiosas por sí mismas.  Tal parece ser el sentido de esta tesis publicada apenas hace un año, el viernes 24 de marzo de 2017 en el Semanario Judicial de la Federación:

 

ESTACIONES DE SERVICIO DE VENTA DE COMBUSTIBLE Y CENTROS DE CONCENTRACIÓN MASIVA (ESCUELAS, HOSPITALES, MERCADOS, CINES, TEATROS, ESTADIOS, AUDITORIOS E IGLESIAS). LOS QUE CONFORME AL DICTAMEN DE TRAZO, USOS Y DESTINOS ESPECÍFICOS SEÑALADO COMO ACTO RECLAMADO EN EL AMPARO, SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS DISTANCIAS MÍNIMAS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 6o., SEGUNDO PÁRRAFO Y 9o., FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GASOLINERAS Y ESTACIONES DE SERVICIO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, DEBEN SER EMPLAZADOS AL JUICIO COMO TERCEROS INTERESADOS.

Conforme al artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo tiene el carácter de tercero interesado la persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; por ende, si los artículos 6o., segundo párrafo y 9o., fracción I, del Reglamento para el Establecimiento de Gasolineras y Estaciones de Servicio en el Municipio de Zapopan, Jalisco, prohíben la instalación de estaciones de servicio de venta de combustible cuando el predio donde se pretendan instalar no respete una distancia mínima de 1,500 (mil quinientos) metros lineales en cualquier dirección en áreas urbanas y 12,000 (doce mil) metros lineales en cualquier dirección en áreas rurales, con respecto a otra estación de servicio, así como una distancia mínima de resguardo de 250 (doscientos cincuenta) metros lineales en cualquier dirección de centros de concentración masiva, como escuelas, hospitales, mercados, cines, teatros, estadios, auditorios e iglesias, es inconcuso que las estaciones de servicio y los centros de concentración aludidos que se encuentren dentro de esas distancias, conforme al dictamen de trazo, usos y destinos específicos señalado como acto reclamado, tienen interés jurídico en su subsistencia, en términos del precepto legal invocado, por lo que deben ser emplazados al juicio constitucional, en su calidad de terceros interesados.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. Amparo en revisión 82/2016. Estación de Servicio Juan Palomar, S.A. de C.V. 19 de enero de 2017. Unanimidad de votos. Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 40, marzo de 2017, Tomo IV. Tesis: III.7o.A.5 A (10a.). Pág: 2704

 

Lo llamativo de este criterio es que las distancias entre las gasolineras y los otros puntos de referencia constituyen una especie de derecho entre ambos -más que una restricción de instalación y operación- y por eso es que el Tribunal considera que seguramente los centros de concentración tienen interés en que subsistan esas distancias, por lo que deben ser escuchados en juicio antes de adoptar cualquier decisión.

Actualmente, en la regulación válida y emanada de la reforma, no existe ninguna intención de generar derechos de distanciamiento de ninguna especie y bajo ninguna circunstancia. La “Norma Oficial Mexicana NOM-005-ASEA-2016 Diseño, construcción, operación y mantenimiento de Estaciones de Servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas” publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre de 2016, es el único referente regulatorio que existe para identificar las condiciones de seguridad industrial y operativa que son exigibles a las gasolineras, para proteger a las personas, a la comunidad y al medio ambiente.

Esa norma, aplicable a todas las gasolineras del país, establece como únicas distancias de seguridad a elementos externos, las siguientes:

  1. El área en la que se despacha la gasolina debe estar al menos a 15 metros de distancia de los lugares de concentración pública, así como del Metro o cualquier otro sistema de transporte electrificado. Los lugares de concentración pública son los destinados a actividades de esparcimiento, deportivas, educativas, de trabajo, comerciales, de salud, además de cualquier otra área abierta en donde se reúna público, en términos del Acuerdo de la Secretaría de Energía que determina los lugares de concentración pública para la verificación de las instalaciones eléctricas, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de noviembre de 2011, que contiene un listado de esos lugares.
  2. El predio debe guardar una distancia de 100 metros de cualquier tanque que se ubique dentro de una planta de almacenamiento o distribución de Gas LP.
  3. Los tanques de almacenamiento de la gasolinera deben estar a 30 metros de cualquier tipo de antena de radiodifusión o radiocomunicación, de líneas de alta tensión, de vías férreas o de ductos que transporten petrolíferos, así como de estaciones de servicio de Carburación de Gas LP.
  4. Cuando la gasolinera se encuentre al margen de una carretera se debe ubicar fuera del derecho de vía de las autopistas o carreteras. Sólo los carriles de aceleración y desaceleración pueden estar dentro del derecho de vía.

Esas distancias no son derechos, sino restricciones administrativas para los propietarios de las gasolineras.

Desde luego que existen otras leyes y normas que deben cumplirse y acatarse. Brevemente, podemos afirmar que la relación laboral de la gasolinera con sus empleados y trabajadores estará regida por la normatividad de higiene y seguridad laboral; la calidad y cantidad de los combustibles vendidos está regida por la CRE y por las leyes de protección al consumidor que aplica PROFECO; las condiciones que debe procurar la gasolinera respecto del espacio vecino están a cargo de protección civil y la regulación fiscal a cargo del SAT. De todos ellos, la única autoridad que puede otorgar, suspender o revocar el permiso de la gasolinera es la CRE y la única autoridad que puede regular, supervisar, clausurarla o sancionarla por razones de seguridad industrial y medio ambiente, es la ASEA.

 

¿El municipio puede regular?

Los Municipios pueden establecer regulaciones en materia de ordenación ecológica del territorio y en materia de uso de suelo.  Además de sujetarse a los procedimientos y principios de la legislación en la materia, existe un principio que no puede soslayarse: los Municipios no pueden regular a las gasolineras por sí mismas, pues eso será francamente indebido, discriminatorio y de trato diferenciado.

La gasolinera debe considerarse como parte de un giro mercantil que hoy está más abierto que nunca a la participación libre de las personas y las empresas en México. No requieren de una concesión o franquicia voluntariosa de PEMEX y ya no pueden ser categorizadas de forma diferente y discrecional por cada uno de los más de 2,500 municipios del país.

Para que un Municipio establezca limitantes, condiciones o distanciamientos entre un establecimiento mercantil y otros puntos de referencia, habrá de justificar tal restricción en cualquiera de sus atribuciones, pero con toda certeza no puede hacerlo ya en criterios de riesgo, seguridad operativa o industrial, o protección al ambiente, pues esas materias no le corresponden.

Pueden establecerse zonificaciones y usos de suelo que permitan o limiten actividades comerciales o industriales, desde la perspectiva más genérica e igualitaria entre ellas, pero sin regulación directa y específica para una actividad en particular, en mi particular opinión.

 

Conclusiones

No existen distanciamientos mínimos entre las gasolineras y otros puntos de referencia, dentro del marco jurídico vigente salvo los previstos en la normatividad emitida por la ASEA, que sólo a esa Agencia corresponde vigilar y exigir.

Cualquier restricción normativa que las establezca a nivel estatal o municipal, con motivo de la protección de personas, comunidades o el medio ambiente, es inconstitucional.

El análisis de riesgo de cada una de esas instalaciones y los distanciamientos contenidos de la “Norma Oficial Mexicana NOM-005-ASEA-2016 Diseño, construcción, operación y mantenimiento de Estaciones de Servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas” son los marcos exigibles para la instalación y operación de gasolineras en todo México.

Los criterios judiciales existentes, como los del Bajío analizados en este documento, son producto de una inercia judicial que debiera mutar hacia la adopción de tesis acordes al nuevo marco constitucional y legal post reforma.

Es importante que los juzgadores del país reciban información certera y oportuna de estos cambios, para ilustrar su juicio y modernizar las resoluciones y las tesis que emanan de ellas.

Oil & Gas Magazine

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